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El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados concluyó con la firma de tres dictámenes contrapuestos para abordar la problemática que afecta a más de seis millones de personas con deudas en mora en el país. El bloque oficialista, secundado por el PRO y la UCR, logró imponer la propuesta de mayoría centrada en medidas preventivas y de capacitación financiera, desestimando la imposición de límites a los intereses o esquemas de refinanciación compulsivos. En contraste, la oposición agrupada en el peronismo y los representantes misioneros dictaminaron alternativas enfocadas en la declaración de la emergencia, topes a las tasas y la condonación de punitorios, en un escenario cuya resolución definitiva quedará supeditada al recuento de votos en la sesión prevista para el 7 de octubre.
La propuesta de mayoría, impulsada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici (foto inferior) y el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, reunió 32 firmas —dos de ellas expresadas en disidencia— y fundamenta su estrategia en la difusión de advertencias y contenidos educativos para los usuarios.
Al defender el texto, Giudici rechazó las iniciativas opositoras sosteniendo que “son formulaciones del pasado”, y equiparó la fijación de límites a las tasas con la legislación anterior en materia de alquileres: “Nos retrotraen a ese punto”. La legisladora remarcó que quienes apoyan esos proyectos “no aprendieron lo suficiente” y están “poniendo topes ficticios” que “quiebran la posibilidad de oportunidades a la gente”. Asimismo, la parlamentaria encuadró la discusión en los mecanismos de financiamiento: “Queremos o no queremos resolver el acceso al crédito”. En esa línea, objetó el accionar de las bancadas opositoras afirmando que “no piensan, es más fácil el discurso populista” y cuestionó que aprovechen que “es más fácil torcer el rumbo en un recinto con mayoría circunstancial”.
Por último, Giudici emitió una advertencia respecto a las consecuencias operativas de la iniciativa de minoría: “No entienden lo que significa una economía fuerte y vigorosa. No toquen el sistema, lo que tocan lo rompen”. Como contrapunto, señaló que en la provincia de Buenos Aires “no se tomó ninguna decisión de este tipo en su banca pública” y ratificó que el oficialismo va a “seguir conversando con los que piensan como nosotros” para evitar “romper el sistema financiero” mediante “una política de condonaciones o de costo cero”.

La alternativa del peronismo: emergencia y quita de intereses
Por su parte, el dictamen de minoría liderado por el peronismo obtuvo 27 adhesiones tras unificar cerca de medio centenar de proyectos. La propuesta establece la declaración de la emergencia por sobreendeudamiento durante un plazo de 180 días e instrumenta un régimen voluntario para el deudor y obligatorio para los acreedores.
El esquema propuesto fija la condonación total de los intereses punitorios, cuotas que no superen el 30% de los ingresos, un período de gracia de 90 días, un plazo de pago de al menos 12 meses y una tasa máxima equivalente a la TAMAR de la banca privada más 25 puntos porcentuales. La medida aplicaría a deudas contraídas hasta el 31 de agosto de 2026 por hasta el equivalente a dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, excluyendo a personas jurídicas, personas expuestas políticamente, compradores de divisas y titulares de bienes de lujo, e incluye la suspensión temporal de ejecuciones y embargos.
El diputado Pablo Juliano criticó el enfoque del dictamen de mayoría expresando: “No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”.
El texto opositor también propone limitar las tasas en tarjetas y préstamos personales, limitar los recargos punitorios al 50% de la tasa compensatoria, reponer artículos de la Ley de Tarjetas de Crédito modificados por el DNU 70/2023, consagrar la portabilidad financiera y exigir a proveedores no bancarios con más de un millón de cuentas tramitar la autorización bancaria en 180 días. En sus fundamentos, la iniciativa advierte que la tasa de morosidad en resúmenes crediticios pasó del 2,8% en marzo de 2025 al 14,5% en mayo de 2026.

Una tercera vía fue presentada por los diputados de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, cuyo texto contempla la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. El proyecto busca unificar deudas a una tasa fija máxima del 35% para ingresos de hasta diez salarios mínimos, y limita la tasa nominal de tarjetas y prestamistas a 1,5 veces la cotización de los plazos fijos a 30 días.
Aunque el oficialismo ratificó su primacía cuantitativa dentro de la estructura de las comisiones, las bancadas opositoras procurarán rechazar el dictamen de mayoría en el recinto el próximo 7 de octubre para habilitar la votación del proyecto alternativo.